¿Fiscalización o justicia selectiva en Ecuador?

 

Surdemocrático21

 

 

 

¿Fiscalización o justicia selectiva en Ecuador?

 

Renato Edgardo Bermeo Cabrera

 

09 de agosto de 2026

 

Cuenca

 

En Ecuador, el 29 de noviembre de 2026 la ciudadanía tendrá que dirigirse a las urnas para elegir autoridades seccionales. Originalmente, la votación estaba prevista para febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó la fecha por los posibles efectos de un fenómeno de El Niño. (Consejo Nacional Electoral, 2026) A pocos meses de noviembre, varios alcaldes y prefectos han enfrentado procesos penales, ciertos partidos políticos han sido sancionados o se han enfrentado a nuevas fiscalizaciones.

La coincidencia temporal no demuestra persecución política, pero sí plantea una pregunta legítima: ¿estamos controlando a todos con la misma vara?

Iniciar una investigación contra una autoridad o funcionario público no es perseguirlo. Quien administra recursos públicos tiene la obligación de responder ante el país y rendir cuentas, aunque sea popular, opositor o candidato. El acalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una serie de procesos y el 4 de agosto recibió una condena de tres años en la causa relacionada con el incumplimiento de una decisión judicial. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con seis meses de suspensión de sus derechos políticos por violencia política de género. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, también recibió una suspensión. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en cambio, consiguió que una denuncia electoral en su contra fuera archivada.

El país conoce que son casos distintos, con hechos y procedimientos diferentes.

Llamaros automáticamente “persecución” sería tan irresponsable como asumir culpabilidad por el solo hecho de que sus protagonistas sean opositores.

Mi curiosidad aparece, al mirar el panorama completo. Una investigación de Spondylus Info Lab publicada por Lupa Media, encontró 264 procesos penales relacionados con 118 alcaldes y prefectos, donde 221 terminaron archivados sin formulación de cargos. (Spondylus Info Lab, 2026) A su vez, la Asamblea Nacional abrió en el mes de junio una fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales de autoridades locales. Formalmente, la resolución contiene a alcaldes y prefectos sin distinción de partidos políticos. Eso es correcto. Sin embargo, el contexto electoral obliga a preguntar por que unos expedientes avanzan con rapidez y enorme exposición mediática, mientras otros pasan años sin acusación o terminan archivados.

El mismo nivel de exigencia debe aplicarse al oficialismo. El caso Apagón, relacionado con los contratos de emergencia con Progen, no se encuentra archivado según las fuentes consultadas, en el cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado. (Fiscalía General del Estado, 2026) Lo que si pasó fue que, el 24 de julio, la Comisión de Fiscalización recomendó archivar el juicio político contra la exministra Inés Manzano, al establecer que no se demostró una relación causal suficiente entre sus competencias y los hechos acusados. (Asamblea Nacional, 2026)

Esa conclusión puede ser jurídicamente válida.

Pero por tal razón, la ciudadanía tiene derecho a exigir el mismo estándar de prueba, profesionalismo, prudencia y presunción de inocencia se aplique con idéntica precisión a aliados y adversarios del poder.

La Constitución de 2008, en su artículo 11, numeral 2, establece lo siguiente “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Además, en el mismo artículo, segundo párrafo, se prohíbe la discriminación por ideología o filiación política. Que se reconozca una igualdad legal, no significa que todos los procesos deban terminar de la misma manera, pero sí establece que las instituciones deben utilizar criterios equivalentes para investigar, acusar, sancionar o archivar.

América Latina conoce a la perfección el costo de perder ese límite. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso e interfirió en las funciones del Poder Judicial en 1992. (Cosamalón, 2022) Tiempo después y mediante una ideología diferente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en Nicaragua la detención y criminalización de aspirante presidenciales, y dirigentes opositores antes de las elecciones de 2021, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021)

Los contextos no son iguales y Ecuador nunca debe ser equiparado mecánicamente con ellos. La lección es otra, que cuando la justicia, los órganos electorales o la fiscalización pierden credibilidad y parecen formar parte de la pugna política, la democracia se debilita, sea que venga de cualquier ideología política.

Desde mi punto de vista, aquí está, el papel de nuestra generación. Los jóvenes no podemos defender la justicia solo cuando se procesa al político que rechazamos. Esa doble vara es parte de la cultura política que debemos superar.

Necesitamos una fiscalización sin camiseta, transparencia, debido proceso, independencia institucional y rendición de cuentas para el oficialismo, y para la oposición. Porque al ser jóvenes, nos indigna más una polémica entre influencers, que cuando el gobernante de turno se toma los poderes del Estado.

No necesitamos una justicia que proteja a nuestros políticos favoritos. Necesitamos una justicia que no tenga políticos favoritos.

 

Bibliografía

Asamblea Nacional. (2026, 23 de junio). Asamblea Nacional inicia proceso de fiscalización a autoridades seccionales por presuntos incrementos patrimoniales injustificados. Asamblea Nacional del Ecuador. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/117420-asamblea-nacional-inicia-proceso-de-fiscalizacion

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021, 11 de octubre). CIDH condena el conjunto de acciones estatales que tienen como efecto poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua. OEA. https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/209.asp

Consejo Nacional Electoral. (2026, 23 de mayo). CNE aprobó diseños de papeletas, documentos y paquete electoral para las Elecciones 2027 – Consejo Nacional Electoral – CNE Ecuador. Consejo Nacional Electoral – CNE Ecuador – CNE Ecuador. https://www.cne.gob.ec/cne-aprobo-disenos-de-papeletas-documentos-y-paquete-electoral-elecciones-2027/

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucionde-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Cosamalón, J. (2022, 5 de abril). ¿Qué se disolvió esa noche del 5 de abril de 1992? - IDEHPUCP. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/que-se-disolvio-esa-noche-del-5-de-abril-de-1992-26300/

Fiscalía General del Estado. (2026, 22 de mayo). Fiscalía General del Estado | Caso Apagón: Fiscalía formula cargos contra 21 personas por presunto peculado. Fiscalía General del Estado | Fiscalía General del Estado. https://www.fiscalia.gob.ec/caso-apagon-fiscalia-formula-cargos-contra-21-personas-por-presunto-peculado/

Spondylus Info Lab. (2026, 18 de junio). 118 alcaldes y prefectos con antecedentes penales. Lupa Media. https://lupa.com.ec/investigaciones/alcaldes-prefectos-procesos-penales/